¿Esto está permitido? La ley en la vida diaria

Los tres grandes principios son la soberanía popular, el respeto a los derechos humanos fundamentales y el pacifismo. La separación de poderes es un “mecanismo de gobierno” que divide el poder para evitar abusos, y se distingue de los principios en sí.

La Constitución es una norma que limita el poder del Estado (constitucionalismo). Por eso, el deber de cumplirla recae en quienes ejercen el poder. Es un tema distinto de los tres deberes de los ciudadanos (educación, trabajo y pago de impuestos). Si se confunden, se malinterpreta el papel de la Constitución.

La libertad de expresión (artículo 21) también tiene límites cuando choca con los derechos de otros (el bienestar público). Exponer a alguien o insultarlo en redes sociales puede constituir delito de difamación o de injurias, además del riesgo de pagar una indemnización elevada. “Es libertad de expresión, así que todo vale” no funciona.

Con base en el derecho a la búsqueda de la felicidad (artículo 13), la jurisprudencia ha reconocido el derecho a la privacidad y el derecho a la propia imagen. Es un mecanismo que complementa derechos que no se previeron cuando se promulgó la Constitución (1946). De aquí viene también el interés en que no se publique tu foto sin permiso.

Se interpreta que la censura (artículo 21, párrafo 2) está prohibida de forma absoluta y sin excepciones (caso de la inspección aduanera). Detener de antemano la circulación de información destruye la base de la democracia. La prohibición previa ordenada por un tribunal se trata aparte de la censura y exige requisitos extremadamente estrictos.

La jurisprudencia estableció que los derechos “alcanzan por igual a los extranjeros, excepto aquellos que por su naturaleza están dirigidos solo a los ciudadanos japoneses”. Sin embargo, no se garantiza la libertad de permanecer en Japón, y esa actividad puede tomarse en cuenta en contra al renovar la visa: esa es la dura conclusión de este caso. Aparece muchísimo en el examen de abogacía.

Desde abril de 2022, la mayoría de edad es a los 18 años. A partir de los 18 puedes firmar préstamos o contratos de tarjeta de crédito por tu cuenta, pero pierdes la protección que permite anular un contrato “por ser menor de edad” (derecho de anulación del menor). Cuidado con los negocios multinivel y la venta de “información para ganar dinero” dirigidos a los nuevos adultos.

En principio, un contrato existe con el simple acuerdo verbal (principio consensual). El documento escrito sirve “para probarlo después”. Es decir, una promesa verbal también genera obligaciones legales. Pero sin pruebas no se puede ganar un juicio: ese es el riesgo real. Los mensajes de LINE también son una prueba válida.

El cooling-off es para ventas “por sorpresa”, como la venta a domicilio o por teléfono. Las compras por internet, que tú mismo solicitas, no están incluidas. Si puedes devolver algo depende de la política de devoluciones de cada tienda (si no la indica, puedes devolverlo dentro de 8 días pagando tú el envío). “También hay cooling-off en compras por internet” es uno de los malentendidos más comunes.

El desgaste por uso normal (decoloración por el sol, marcas de muebles) ya está incluido en el alquiler y, en principio, lo paga el dueño. Esto quedó escrito en la ley con la reforma del Código Civil de 2020 (artículo 621). Si te lo descuentan automáticamente del depósito (shikikin, fianza), negocia citando las pautas del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte. Los daños intencionales o por descuido (quemaduras de cigarro, etc.) los paga el inquilino.

Si adquieres un inmueble por herencia y no lo registras dentro de 3 años, puedes recibir una multa administrativa de hasta 100.000 yenes (desde abril de 2024, e incluye herencias anteriores). Es una medida contra el problema de los terrenos sin dueño identificado. Si se deja pasar, los herederos se multiplican como bola de nieve y el trámite se vuelve difícil: ahí es donde sirve el creador de diagramas de parentesco.

Aunque los hijos hereden la “propiedad” de la casa, el cónyuge obtiene el “derecho a vivir” en ella y puede quedarse de por vida. Al separar la propiedad del derecho a habitarla, también le resulta más fácil recibir los ahorros. Se establece en la partición de la herencia o por testamento, y el registro es necesario para hacerlo valer frente a terceros.

Los herederos legales, excepto los hermanos, tienen una porción legítima (iryūbun, parte mínima garantizada): para el cónyuge y los hijos es 1/2 de su parte legal, y ni un testamento puede quitársela. Si se vulnera, pueden reclamar dinero mediante la “reclamación por lesión de la legítima”. Pero el plazo es corto, 1 año desde que se enteran, así que hay que actuar de inmediato.

Con la reforma de 2020 se unificó la regla general: “5 años desde que se sabe, 10 años desde que se puede ejercer”. Pero la prescripción no se completa sola: hay que manifestar que se invoca (en’yō). Y si pagas aunque sea 1 yen o reconoces la deuda, el plazo se reinicia (renovación). Ignorar los avisos de cobro también es peligroso, porque te pueden demandar.

La “presunción de inocencia” es el gran principio del juicio penal. Solo hay condena cuando el fiscal lo prueba más allá de toda duda razonable. Ser arrestado no significa ser el culpable. Si difundes que alguien cuyo nombre salió en las noticias es el culpable, tú mismo te arriesgas a ser acusado de difamación.

Es apropiación indebida de bienes fuera de la posesión de su dueño (hasta 1 año de prisión o una multa de hasta 100.000 yenes, etc.). Aunque “solo lo encontraste”, es delito. Si lo entregas a la policía, puedes recibir una recompensa (del 5 al 20 %) y, si pasan 3 meses, incluso quedarte con él. Guardártelo no vale la pena.

La legítima defensa (artículo 36 del Código Penal) es solo una respuesta “inevitable” frente a una “agresión ilegítima e inminente”. Si sigues golpeando a alguien que ya cayó, es exceso de legítima defensa o delito de agresión. “Si me pegan, devuelvo el golpe” es venganza, no defensa. Si no conoces este límite, puedes pasar de víctima a agresor.

Insultar sin mencionar hechos concretos es delito de injurias. Con el endurecimiento de 2022 se añadieron hasta 1 año de prisión y multas de hasta 300.000 yenes (antes solo había arresto menor o multa leve). Si mencionas hechos concretos, es difamación (hasta 3 años). Además, puede llegar la revelación de los datos del autor y una demanda civil de cientos de miles de yenes o más. El anonimato no te protege.

Castigar la tentativa es la excepción: solo en delitos como homicidio, robo o incendio, cuyo artículo dice “la tentativa se castiga” (artículo 44 del Código Penal). Por ejemplo, los daños a la propiedad no tienen delito de tentativa. Y castigar los “actos preparatorios”, una etapa aún anterior, se limita a unos pocos casos, como la preparación de homicidio.

Según el artículo 41 del Código Penal, no se imponen penas a menores de 14 años (menores penales). Quedan bajo la protección del centro de orientación infantil (jidō sōdanjo) o del tribunal de familia (menores infractores). Pero la responsabilidad civil de indemnizar es otra cosa: la pagan los padres como responsables de su vigilancia. “Es cosa de niños” no es suficiente.

El juicio de menor cuantía del tribunal sumario es exclusivo para reclamos de dinero de hasta 600.000 yenes. En principio la sentencia sale en 1 día, las tasas son de unos miles de yenes y es fácil de usar incluso sin abogado. Sirve para recuperar el depósito del alquiler, pagos no recibidos o problemas en apps de compraventa. Ten en cuenta que, si la otra parte se opone, pasa a un juicio ordinario.

En lo civil, la regla es “quien afirma, prueba”. Sin pruebas, pierdes aunque tengas toda la razón. A diferencia de lo penal, la policía no interviene. Cuando prestes o pidas dinero, guarda siempre un recibo del préstamo, los registros de transferencia y los mensajes: esa es tu mejor protección.

El correo solo certifica “cuándo, quién y qué se envió”; no tiene ninguna fuerza legal obligatoria. Aun así, sirve como prueba de que reclamaste, y como requerimiento suspende 6 meses el cumplimiento de la prescripción (artículo 150 del Código Civil); además, transmite que vas en serio, lo que tiene gran efecto psicológico. Para embargar se necesita un título ejecutivo, como una sentencia.

Es el sistema de tres instancias: primera instancia → apelación (segunda instancia) → casación (tercera instancia). Sirve para decidir con cuidado y corregir errores. Pero la casación solo se admite por motivos limitados, como violación de la Constitución o de la jurisprudencia; no basta con “no estar conforme”. El plazo para apelar es de 2 semanas desde que se notifica la sentencia; si pasa, la sentencia queda firme.

El derecho a guardar silencio está en el artículo 38 de la Constitución: puedes ejercerlo en el interrogatorio y en el juicio, y no se te puede perjudicar por callar. Ceder a la presión de “si te callas, quedas mal” y confesar algo falso es la principal causa de condenas injustas. La regla de oro es llamar primero a un abogado (el abogado de turno, tōban bengoshi, es gratuito).

Para arrestar se necesita, en principio, una orden de un juez (artículo 33 de la Constitución, principio de la orden judicial). La excepción es, por ejemplo, el arresto en flagrancia. Los registros de domicilio y los embargos también requieren orden. “Acompañar voluntariamente” (nin’i dōkō) o “entregar voluntariamente” algo son solo eso, voluntarios: saber que puedes negarte cuando es posible cambia tu forma de responder.

El fiscal tiene el monopolio de la acusación (principio del monopolio fiscal) y también la facultad de no acusar según las circunstancias (principio de oportunidad, suspensión de la acusación). Aunque la víctima diga “¡lo voy a demandar!”, quien inicia el juicio penal es el fiscal. Si no estás de acuerdo con que no se acuse, existe el sistema de presentar el caso ante el Comité de Revisión de la Fiscalía.

Se considera que la causa principal es que los fiscales, bajo el principio de oportunidad, eligen acusar solo los casos en los que pueden asegurar la condena. Es decir, en la práctica “si te acusan, casi seguro te condenan”. Por eso, en la práctica penal se sabe que la defensa antes de la acusación (evitar la detención preventiva, lograr que no se acuse) es decisiva.

Al bajar la mayoría de edad a 18 años, los jóvenes de 18 y 19 pasaron a ser “menores específicos”. Siguen teniendo la protección de la Ley de Menores, pero se amplió el envío de casos a la fiscalía (gyakusō) y, si se les acusa, se permite publicar su nombre real: su trato se acercó al de un adulto. Es un cambio importante: “a partir de los 18, hay más situaciones en las que la Ley de Menores no te protege”.

En principio, todos los casos de menores se envían al tribunal de familia (principio de envío de todos los casos). Un investigador del tribunal de familia estudia la historia de vida y el entorno familiar del menor (aquí es útil el diagrama de parentesco o genograma), y en la audiencia se decide una medida de protección, como libertad vigilada o internamiento en un reformatorio. El objetivo no es castigar, sino la rehabilitación.

El artículo 1 de la Ley de Menores establece como objetivo “el desarrollo sano del menor”. La audiencia no es pública y las medidas son principalmente educativas, como el internamiento en un reformatorio o la libertad vigilada. Como excepción, los casos graves se envían a la fiscalía y van a juicio penal. Hay quien lo critica por “blando”, pero el sistema está diseñado con base en datos para prevenir la reincidencia.

Es el gran principio del artículo 32 de la Ley de Normas Laborales. Para hacer trabajar más allá de eso, la empresa debe firmar y presentar un acuerdo del artículo 36 (saburoku kyōtei) y pagar un recargo salarial. No tienes que aceptar sin más que “aquí lo normal son 9 horas”. Primero revisa la jornada establecida en tu empresa y su acuerdo del artículo 36.

Las horas extra se pagan con al menos 25 % adicional; el trabajo nocturno (de 22:00 a 5:00) suma otro 25 %, y lo que pase de 60 horas al mes, al menos 50 % (también en pequeñas y medianas empresas desde 2023). “Como pagamos horas extra fijas (minashi zangyō), puedes trabajar cuantas horas sea por el mismo monto” es ilegal si no se paga el exceso. Acostúmbrate a revisar el detalle de tu recibo de sueldo.

La orden de hacer horas extra es válida cuando se ha firmado y presentado el acuerdo del artículo 36 y el reglamento de trabajo o el contrato prevén que se pueden ordenar horas extra. Sin eso, la orden no es válida y no te pueden sancionar por negarte. Aun siendo válida, puedes rechazar órdenes que constituyan abuso de derecho, como en situaciones de crianza o cuidado de familiares con límites legales, o si dañan tu salud.

Con la Reforma del Estilo de Trabajo (desde 2019) se convirtió en un límite con sanciones. Aun con cláusulas especiales hay límites absolutos: no más de 720 horas al año, un promedio de no más de 80 horas en varios meses y menos de 100 horas al mes, entre otros. El empleador que lo viole puede recibir hasta 6 meses de prisión o una multa de hasta 300.000 yenes. Las “horas extra abusivas sin límite” violan la ley.

Un despido es nulo si no tiene una razón objetivamente válida y no es razonable según el sentido común social (artículo 16 de la Ley de Contratos de Trabajo, doctrina del abuso del derecho de despido). En cuanto al procedimiento, se necesita un aviso con 30 días de anticipación o una indemnización por falta de aviso. “Me despidieron, se acabó” no es así: en muchos casos se puede exigir la retractación, la confirmación de tu puesto o una compensación. Primero acude a la Oficina de Inspección de Normas Laborales (rōkisho) o a la mediación de la Oficina de Trabajo.

Aunque trabajes 1 día a la semana, si llevas 6 meses seguidos y asististe al 80 % de los días, se te otorgan vacaciones pagadas en proporción. Además, si te corresponden 10 días o más al año, la empresa está obligada a que tomes al menos 5 días al año (si no, recibe una multa). “Los de medio tiempo no tienen vacaciones pagadas” es una frase ilegal típica. Tampoco tienes que explicar el motivo (aunque la empresa puede pedir cambiar la fecha).

Por ahora, el derecho a reclamar salarios prescribe a los 3 años (la ley apunta a ampliarlo a 5 años). Las tarjetas de asistencia, los registros de la computadora, los horarios de turnos y tus notas diarias también sirven como prueba. Puedes reclamar incluso después de renunciar. En casos graves, el tribunal puede ordenar además el pago de un recargo adicional por el mismo monto. No tienes que resignarte solo porque ya renunciaste.

La Corte Suprema sostuvo que las disposiciones de derechos humanos de la Constitución regulan la relación entre el Estado y las personas, no se aplican directamente entre particulares, y actúan de forma indirecta mediante la interpretación del artículo 90 del Código Civil (orden público y buenas costumbres), entre otros (teoría de la aplicación indirecta). Es una sentencia famosísima sobre el rechazo a contratar de forma definitiva a una persona por su historial en el movimiento estudiantil.

En 1973 fue la primera sentencia de la historia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una ley. Aunque agravar la pena en sí podía permitirse, un castigo extremo de solo pena de muerte o cadena perpetua era una discriminación irrazonable que violaba el artículo 14. El trasfondo fue el caso de una hija que ya no pudo soportar los abusos sexuales de su padre. El artículo recién se eliminó en 1995.

Fue una sentencia de inconstitucionalidad de 1975. Se consideró que la relación entre el objetivo de la restricción por distancia (evitar medicamentos defectuosos) y el medio era débil, y que violaba la libertad de elegir profesión (artículo 22). Es el ejemplo típico de la “teoría de la doble finalidad de la regulación”, que cambia la intensidad del control según si el objetivo es pasivo o activo, y aparece mucho en el examen de abogacía.

En el caso Asahi y otros se sostuvo que el artículo 25 declara una responsabilidad del Estado, y que el derecho concreto a recibir prestaciones se hace realidad a través de leyes (como la Ley de Asistencia Pública, seikatsu hogo) (interpretación como norma programática). Aun así, los retrocesos del sistema o su aplicación irrazonable pueden llevarse a juicio. También es importante no dudar en pedir orientación sobre la asistencia pública.